Los contratados y asesores políticos de los diputados Gustavo Martínez, María Mutinelli, Rodolfo García, María Chomiak, Gladis Acosta y María Elena Vargas, serán pasados a planta en la Legislatura si prospera la “Ley Villalba”, que en principio pretende beneficiar a un centenar de radicales designados por Agüero, Dumrauf, Glibota y Urlich. Como ninguno salió a desmentir, y el que calla otorga, estos diputados del PJ que abandonan sus bancas estarían confesando que fueron cómplices de la gran fiesta rozista.
¿Como explicar a la sociedad chaqueña que un grupo de legisladores justicialistas que se rasgó las vestiduras hablando del cambio político en el Chaco, ahora empujan la Ley Villalba, para dejar a sus contratados y asesores –muchos que nunca fueron a trabajar- como empleados de planta de la Cámara de Diputados?.
Si concretan la maniobra, la respuesta será sencilla: estos diputados justicialistas que hasta ahora no dijeron “nos oponemos a la Ley Villalba” estarían confesando que eran ciertas las sospechas de que fueron parte de la fiesta rozista. No son pocos los que sospechan que se beneficiaron sonsacando favores al oficialismo, que le pusieron precio a la chapa de la oposición.
Hasta ahora, estos diputados justicialistas que el 10 de diciembre dejan sus bancas, no salieron a hablar del tema, lo que permite inferir que efectivamente quieren dejar a sus ñoquis en la lista de empleados de planta de la Cámara. De ser así demostrarían que no entendieron nada del cambio político, o tal vez sí entendieron pero les importa muy poco. Porque todos llegaron a la legislatura prendidos del saco de Capitanich en las listas sábanas.
Martínez, Mutinelli, García, Chomiak, Acosta, Vargas y especialmente el mismo autor de la Ley (Villalba), están a un paso de demostrar que son ciertas las sospechas de que han sido un anexo del bloque rozista, cuyos principios se podrían resumir como “el beneficio es para unos pocos” y que “todo tiene su precio, también los principios”.
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